Preguntas frecuentes sobre la RGI

  • Aplicar la Renta de Garantía de Ingresos a la cobertura de necesidades básicas de todas las personas miembros de la unidad de convivencia incluyendo la cobertura de gastos derivados de su proceso de inclusión social y/o laboral.
  • Hacer valer, todo derecho o prestación de contenido económico que le pudiera corresponder al titular o a cualquiera de las personas miembros de la unidad de convivencia (subsidio, pensiones, etc.).
  • Administrar responsablemente los recursos disponibles y actuar diligentemente con el fin de evitar el agravamiento de la situación económica o de la situación de exclusión.
  • Escolarizar a los menores de edad que se encuentren a su cargo.
  • No practicar la mendicidad ni permitir o forzar su práctica a otras personas miembros de la unidad de convivencia.
  • Comunicar a Lanbide, en el plazo máximo de quince días naturalescontados a partir el momento en el que se produzcan, los siguientes cambios que pudieran dar lugar a la modificación, suspensión o extinción del derecho a la prestación:
    • Cambios que afecten a la composición de la unidad de convivencia
    • Cambios que afecten a los recursos (ingresos, patrimonio) que hayan servido de base para el cálculo de la cuantía de la prestación.
    • Cualquier otra situación que pudiera implicar la pérdida temporal o definitiva de alguno de los requisitos exigidos para el reconocimiento de la prestación.
    • Cambio relativo al domicilio de residencia habitual de la persona titular.
  • Reintegrar el importe de las prestaciones indebidamente percibidas.
  • Comparecer ante la Administración y colaborar con la misma cuando sea requerida para ello.
  • Cumplir con cualquier otra obligación derivada de su condición de titular de la Renta de Garantía de Ingresos.
  • Negociar, suscribir y cumplir un Convenio de Inclusión con la Administración (excepto pensionistas que no estén en edad laboral)
  • Mantenerse, tanto la persona titular como las personas miembros de su unidad de convivencia que se encuentren en edad laboral, disponibles para el empleo (con excepciones).
  • Esta disponibilidad incorporará también:
    • El compromiso de permanecer siempre inscritas como demandantes en Lanbide.
    • No rechazar un empleo adecuado.
    • No darse de baja voluntaria, ni definitiva ni temporal del empleo y de no acogerse a una situación de excedencia.

(Salvo titulares de pensiones por invalidez absoluta, gran invalidez o invalidez no contributiva, personas mayores de 65 años o menores de 23 años que cursen estudios académicos reglados, o que a juicio de Lanbide no se encuentren en situación de incorporarse al mercado laboral).

Las obligaciones afectan tanto al titular de la prestación como a los beneficiarios. Todos tienen que cumplir las obligaciones generales que se indican al conceder la prestación, y los compromisos asumidos en el convenio de inclusión que firmarán.

Los titulares de la prestación y las personas miembros de su unidad de convivencia que se encuentren en edad laboral, deben mantenerse disponibles para el empleo. Esto supone:

  • Estar inscritas ininterrumpidamente como demandantes de empleo en Lanbide.
  • No rechazar un empleo adecuado.
  • No darse de baja voluntaria, ni definitiva ni temporal del empleo y no acogerse a una situación de excedencia laboral ni reducción de jornada sin causa extrema justificada.

No, hay excepciones:

  • Personas titulares de pensiones de jubilación, de invalidez absoluta, gran invalidez o invalidez no contributiva.
  • Personas menores de 23 años que cursen estudios académicos reglados.
  • Personas en situación de alta exclusión, que a juicio de Lanbide no se encuentren en situación de incorporarse al mercado laboral.

Las personas extranjeras sin permiso de residencia no tienen que estar inscritas como demandantes de empleo, pero sí como demandantes de otros servicios para la inserción laboral (orientación, formación…).

No se puede rechazar un empleo si se considera adecuado.

Un empleo adecuado es el que se corresponde con la profesión habitual de la persona, o cualquier otro que, ajustándose a sus aptitudes físicas y formativas, implique un salario equivalente al establecido en el sector en el que se ofrezca el puesto de trabajo, y no suponga un cambio de residencia habitual, salvo que tenga posibilidad de alojamiento apropiado en el lugar del nuevo empleo.

Tengo que comunicar a Lanbide, en el plazo máximo de quince días naturales contados a partir del momento en el que se produzcan, los siguientes cambios que pudieran dar lugar a la modificación, suspensión o extinción del derecho a la prestación:

  • Hechos que afecten a la composición de la unidad de convivencia.
  • Hechos que afecten a los recursos (ingresos, patrimonio) que hayan servido de base para el cálculo de la cuantía de la prestación
  • Cualquier otro hecho o situación que pudiera implicar la pérdida temporal o definitiva de alguno de los requisitos exigidos para el reconocimiento de la prestación.
  • Cambio relativo al domicilio de residencia habitual de la persona titular, sin perjuicio, en su caso, de las peculiaridades que se hayan previsto en el Convenio de Inclusión.
  • El fallecimiento de algún miembro de la unidad de convivencia.
  • El ingreso de la persona titular o de cualquier otro miembro de la unidad de convivencia en centros residenciales públicos o privados, en centros sanitarios, en centros penitenciarios, en centros de desintoxicación, en centros de acogida, por un período de tiempo igual o superior a un mes.
  • Abandono de la unidad de convivencia con salida de la persona titular del domicilio de residencia habitual.
  • Adopción, acogimiento familiar permanente o preadoptivo, o tutela.
  • Incorporación a la unidad de convivencia de una persona que tenga un grado de consanguinidad hasta el cuarto grado o afinidad el segundo grado.
  • Cualquier otra modificación que afecte a la composición de la unidad de convivencia.
  • Cualquier cambio que se produzca en mis ingresos mensuales o en mi patrimonio: herencias, legados, cobro de seguros, indemnizaciones de cualquier tipo, etc.
  • Incremento de recursos debido a la obtención de ingresos como consecuencia de haber hecho valer derechos económicos que les pudiera corresponder (pensión, subsidio, desempleo, etc.).